Sanción por incumplimiento de la LOPD

Llevamos escuchando que se debe cumplir con la Ley de Protección de Datos desde hace tiempo, sin embargo todos los ciudadanos, entre el 2009 y 2012, hemos

sufrido las constantes llamadas de las compañías telefónicas que nos ofrecían cambiar de operadora. Esa actuación era claramente una violación al derecho a la intimidad puesto que nosotros no habíamos solicitado ni consentido que nos llamaran, sin embargo, las compañías, cuando se excusaban, alegaban que nuestros números de teléfono estaban publicados en páginas amarillas, pero lo que realmente sucedió, es que nuestra información fue recopilada y cedida de forma ilegítima.

Las compañías realizaban llamadas, de forma insistente y en horarios inadecuados, el acecho de los teleoperadores generó varias denuncias, que fueron seguidas por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), organismo que impuso sanciones aVodafone,Jazztel y la más importante fue la sanción impuesta a Telefónica de 420.000 euros. Fruto de esta sanción, los ciudadanos hemos notado que durante el 2014, las llamadas comerciales para un cambio de compañía, se han reducido considerablemente.

Se debe destacar, que cada vez se producen más denuncias e inspecciones en esta materia. La AEPD impuso sanciones en el 2013 por un valor de 22 Millones de euros, por

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley y es que hoy en día, el mercado de datos personales se valora en 100.000 millones de dólares anuales, siendo este un motivo más, por el cual el legislador exige que todos aquellos quienes realicen una actividad económica, incluyendo los profesionales autónomos, cumplan las obligaciones formales y materiales que marca la Ley 15/1999 de 13 de Diciembre y su Reglamento de Desarrollo 1720/2007 de 21 de Diciembre.

Por ello, recomendamos llevar a cabo una implantación adecuada y efectiva de la LOPD, a través de un proceso planificado y profesional, además se debe tener en cuenta, que las medidas de seguridad en la gestión de datos personales deberán mantenerse actualizadas y que existe la obligación de realizar auditorías cada dos años, con el fin de generar confianza y principalmente evitar sanciones que pueden llegar hasta los 600.000 €.

Verónica Saavedra